Ayer, el Gobierno anunció que iba a blindar por ley la reducción del horario lectivo en el aula del profesorado de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. La idea es que las recomendaciones de la ley educativa actual (la Lomloe, apbada en 2020) pasen a ser normas de obligado cumplimiento por las autonomías. Así, los maestros tendrían un máximo de 23 horas semanales y los profesores de instituto uno de 18.

En este contexto, "blindar por lay" significa recabar apoyos en un Congreso enormemente polarizado y, claro, eso ha creado un enorme debate público. No sólo sobre la capacidad del Gobierno para hacer realidad la medida, sino también sobre la medida en sí.

Y el escepticismo es comprensible. Durante años, muchas de las mejoras laborales para los profesores no han estado exactamente ali

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