En un escenario económico y social marcado por la permanente incertidumbre, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se encuentra en el centro de una nueva ofensiva gubernamental que sus trabajadores califican como un “desmantelamiento de facto”, o bien definido también como un “industricidio”.

Este concepto surge de la convicción de que el gobierno al apuntar a este desmembramiento, implica dar un tiro certero al corazón del mundo Pyme. Pese a que el Congreso y la Justicia frenaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por Federico Sturzenegger para centralizar y recortar al organismo, las nuevas autoridades –con el aval del presidente Javier Milei y bajo la conducción de Miguel Romero – avanzan con medidas que, según denuncian, buscan paralizar y vaciar a

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