Las pulseras antimaltrato, que permiten a las autoridades monitorear en tiempo real la distancia entre víctimas de violencia de género y sus agresores, están en el centro de una controversia. Estos dispositivos electrónicos de geolocalización han demostrado ser eficaces desde su implementación en 2009, ya que ninguna de las más de 21.000 mujeres que las han utilizado ha sido asesinada.

Sin embargo, esta semana se reveló que un fallo en el sistema informático de Cometa, la empresa encargada de gestionar las pulseras, provocó una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores, según la Fiscalía en su memoria anual. Durante varios meses, los juzgados no pudieron acceder a los datos sobre los movimientos de los agresores debido a la pérdida de información anterior a marzo de 2024, un problema que surgió tras el cambio en la empresa adjudicataria del servicio.

La Fiscalía aclaró que los fallos mencionados en la Memoria de 2024 se debieron a “problemas puntuales” relacionados con la migración de datos que afectaron a procesos penales. A pesar de esto, aseguraron que las pulseras “funcionaron correctamente” y que las víctimas “estuvieron protegidas en todo momento”. Además, los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos, y estos se referían al delito de “quebrantamiento” de la medida de alejamiento, no a agresiones físicas.

El Ministerio de Igualdad, por su parte, informó que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones derivados de los “fallos técnicos” en las pulseras antimaltrato “no llega al 1%” y que el error en el acceso a datos no provocó “prácticamente excarcelaciones”. La ministra Ana Redondo enfatizó que “los dispositivos funcionan correctamente” y que la alarma generada por las disfunciones se solucionó en 2024. También tranquilizó a las víctimas, asegurando que “el sistema está funcionando a pleno rendimiento y ellas están protegidas y seguras”.

Igualdad explicó que, aunque no se pudo obtener información en un momento específico del procedimiento, “el dispositivo funcionaba correctamente para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento” del agresor. La memoria de la Fiscalía, que recoge datos de 2024, se redacta con antelación a su publicación, y el problema quedó resuelto a finales de 2024. En 2025, no se ha registrado ninguna incidencia.

Sin embargo, las explicaciones del Ministerio no han satisfecho al Partido Popular, que ha exigido más aclaraciones, solicitado la dimisión de Redondo y anunciado que llevará al Congreso una moción para forzar su reprobación. El PP ha organizado una sesión monográfica en el Senado el próximo martes sobre la violencia contra las mujeres.