Faltan menos de 24 horas para la medianoche del martes, momento en que si los republicanos no han logrado los ocho votos necesarios en el Senado para pasar su propuesta de financiación, se hará efectivo el cierre de gobierno. La última vez que Estados Unidos vivió un cierre de gobierno fue en 2018, ya durante la primera presidencia de Donald Trump, y se alargó hasta 35 días. Fue el cierre de gobierno más largo en cuarenta años y aun así el impacto en la economía fue mínimo. Sin embargo, en esta ocasión sí que podría dañarla si el episodio se vuelve a dilatar en el tiempo.

A efectos prácticos, un cierre de gobierno implica que los dos partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en el Congreso para aprobar un proyecto de ley para seguir financiando el ejecutivo. En consecuencia, muchos funcionarios son suspendidos temporalmente. Mientras que algunos son enviados a casa, los empleados esenciales -como las fuerzas del orden- seguirán trabajando sin percibir su paga hasta que se tramite la financiación. En cualquier caso, desde 2019, el salario a percibir una vez se reabre el gobierno es de carácter retroactivo.

El pasado mes de marzo, Trump logró evitar el cierre al filo de que se cumpliera el plazo. Por ese entonces, el caos administrativo que el presidente había creado con los despidos masivos dentro del funcionariado ya auguraba un cierre de gobierno más dramático de lo normal. Medio año después, el escenario posterior se dibuja aún más turbulento, y es precisamente debido a esto que la economía podría salir mal parada.

Este año la economía del país ha empezado a mostrar síntomas de enfriamiento con los recientes datos de ocupación a la baja. El pasado mes de agosto tan solo se crearon 22.000 puestos de trabajo y la tasa de paro aumentó ligeramente, del 4,2% al 4,3%, su máximo en casi cuatro años. Además, la revisión de los datos de ocupación de los meses previos - Trump había acusado a la Oficina de Estadísticas Laborales de manipularlos porque no le gustaron los malos resultados- concluyó que en junio ya se habían destruido 13.000 empleos, la primera pérdida neta desde finales de 2020, en plena pandemia.

Para tener una comparativa del debilitamiento de la economía, basta remontarse al verano pasado, cuando en plena campaña electoral, los mercados entraron en pánico con la publicación de los datos de ocupación de julio. Eran los siguientes: se habían creado 114.000 puestos de trabajo (mucho menos de lo que se esperaba) y la tasa de paro había aumentado hasta el 4,3%. El miedo era a razón de que una desaceleración del mercado laboral es interpretada como una de las primeras alarmas ante una posible recesión. Aunque hay que destacar que las bolsas tienden a ser un tanto sensibles.

Más allá de la inestabilidad que acarreará un eventual cierre de gobierno en este contexto, Trump ha amenazado con nuevos despidos masivos en la plantilla federal si no se logra evitar el episodio. El presidente estadounidense lo está esgrimiendo como un arma de presión contra los demócratas para así alcanzar el mínimo de 60 votos en el Senado. La ajustada mayoría republicana, de 53 escaños, lo obliga a pactar. Además de que en esta ocasión uno de los suyos, el republicano Rand Paul, ya ha dicho que también votará en contra porque no está de acuerdo en volver a prorrogar una financiación de la era Biden.

Los recortes masivos orquestados por el grupo de trabajo DOGE ya inundaron el mercado laboral de determinados sectores, como pasó con el cierre de USAID. El desmantelamiento de la agencia de cooperación humanitaria no solo significó que miles de empleados y consultores de repente se encontraron en la calle, sino que también muchas ONGs que recibían financiamiento tuvieron que recortar plantilla. El resultado: un sector que en cuestión de días vio como la oferta sobrepasó la demanda debido a que uno de los grandes empleadores había cerrado.

De cumplirse la amenaza de los despidos masivos, estos sumarían incertidumbre a la economía. “El momento no es el adecuado. Esta vez es un poco más peligroso”, explicaba a la CNN David Kelly, jefe del área de estrategia global de JPMorgan.

El cierre de gobierno también pausaría la recopilación de datos sobre la salud económica del país y de los cuales dependen tanto inversores como la misma Reserva Federal. Una de las razones por las que la Fed decidió recortar un cuarto de punto los tipos de interés es debido a la tendencia a la baja de los datos de ocupación a la baja. El banco central estadounidense priorizaba la estimulación de empleo frente al posible efecto inflacionista. Justamente, uno de los primeros afectados sería la Oficina de Estadísticas Laboral (BLS, en sus siglas en inglés), que dejaría sin publicar el informe de trabajo de septiembre.

Sin datos con los que guiarse

El lunes el departamento de Trabajo publicó un plan de contingencia ante el cierre, que determina que los datos económicos que hay programados “no se publicarán”. El problema del cierre de la Oficina de Estadística Laboral no solo es este, sino que mientras esté cerrada, probablemente interrumpa las encuestas para preparar también el informe de empleo de octubre y que debería presentarse en noviembre. El plan de Trabajo así lo advierte: “Todas las actividades activas de recopilación de datos para las encuestas de la BLS cesarán”. Y añade que un cierre prolongado podría afectar la “calidad de los datos” recopilados y las estimaciones futuras.

La fiabilidad de la economía estadounidense ya se ha visto en riesgo debido a las presiones de Trump para intentar quebrar la independencia de la Reserva Federal. Que la credibilidad de los indicadores económicos recopilados por la administración resulten dudosos, tampoco ayuda.

A pesar de que con Trump Wall Street se ha convertido en una especie de montaña rusa, es posible que los mercados no se resientan tanto. El director de inversiones de Unlimited Funds, Bob Elliot, escribía en una publicación de Substack que los mercados están siguiendo “el mismo viejo manual” donde un cierre de gobierno no importará para la economía.

Una decisión envenenada

El gobierno Trump ha entrado en tiempo de descuento y parece difícil que logre convencer esta vez a los demócratas para que eviten el cierre de gobierno. Estos se niegan a respaldar el proyecto de ley presentado por los republicanos, ya que dificultará que los estadounidenses puedan costear la atención médica. Quieren el compromiso de los republicanos de que añadirán alrededor de un billón de dólares al gasto en sanidad para así extender los subsidios del Obamacare - la Affordable Care Act- que expiran a finales de año, así como revertir los recortes a Medicaid y otros programas de salud que quedaron tocados en la aprobación del plan fiscal de Trump. La conocida “Big Beautiful Bill” que prevé dejar a más de 11 millones de estadounidenses sin cobertura médica para 2034.

Aparte de la pura cuestión presupuestaria, los demócratas se encuentran ante la oportunidad de empezar a hacer algo de oposición frente a los avances autoritarios de Trump. La posición no es nada fácil, pues permitir el cierre puede costarles caro - el partido republicano ha puesto en marcha una campaña para hacerlos los últimos responsables del desenlace-, pero evitarlo también supondría una nueva genuflexión ante el presidente.