El Ministerio de Consumo ha anunciado este martes la apertura de una investigación “a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel”. 

La investigación de la Dirección General de Consumo del departamento que dirige Pablo Bustinduy se abre al amparo del Real Decreto-ley 10/2025 aprobado por el Gobierno la semana pasada contra el genocidio en Gaza , que “prohíbe en su artículo 4 la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados”.

En concreto, ese artículo del decreto señala que “la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita”.

El decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros veta la exportación e importación de armas con Israel, pero permite autorizaciones excepcionales y no prohíbe la contratación con la industria militar israelí.

El departamento de Bustinduy recuerda que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios ocupados, Francesca Albanese, publicó el pasado mes de julio un informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, “que indicaba que hay empresas beneficiándose económicamente de la ocupación ilegal de territorios palestinos, y algunas estarían también operando en España”.

El ministro ya anunció el pasado mes de julio durante la presentación del acto «Alicanzas y acciones ante el genocidio en Palestina» que el departamento que dirige iba a “poner todos los recursos que sean necesarios” con el fin de garantizar “que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”.

Con este anuncio, el ministerio busca “garantizar” que “cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente”, subraya su departamento.

Desde el Ministerio que dirige Bustinduy se considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”. Los negocios que se lucran de la ocupación “son considerados una actividad ilícita por el derecho internacional y, como recoge el informe de Albanese, en base a ello en Países Bajos la fiscalía está estudiando las denuncias de esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales”, recuerda Consumo.

Esta investigación se abre después de que la semana pasada la ONU señalase a cuatro empresas españolas en su lista de firmas que operan en la Cisjordania ocupada. Junto al fabricante de trenes vasco CAF, aparecen la ingeniería pública Ineco, adscrita al Ministerio de Transportes y que asegura que terminará sus proyectos en Israel pero que, tras los atentados de octubre de 2023, decidió no participar en nuevos contratos; y la constructora ACS, que ha negado desarrollar ninguna actividad en el país.