El activista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha solicitado 20 años y medio de cárcel para David Morales, gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres, por presuntamente espiarle mientras estuvo asilado durante años en la sede diplomática. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz propuso llevarlo a juicio a finales de septiembre.

En su escrito de acusación, el activista atribuye a Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y organización criminal. Señala que durante los años en los que permaneció “refugiado” dentro de la Embajada, “sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española encargada del servicio de seguridad perimetral en la sede diplomática”.

“UC GLOBAL llevó a cabo una serie de acciones de marcado carácter ilícito, llegando a implantar un auténtico operativo de espionaje que transgredió seriamente los derechos de mi patrocinado, de sus visitantes abogados, médicos, periodistas y demás allegados , y de los diplomáticos ecuatorianos”, señala su abogado en el escrito.

Assange resalta que “ninguna de estas actividades delictivas tenía cabida dentro de la relación contractual” y que “fue el contacto establecido entre Morales y las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos lo que marcó el punto de inflexión a partir del cual UC Global intensificó sus esfuerzos en la intervención de las comunicaciones y en la recopilación de información confidencial dentro de la misión diplomática, al tiempo que la empresa comenzó a obtener lucrativos contratos de dudoso objeto alrededor del mundo”.

El activista apunta que la empresa española recopiló, extrajo, clasificó y almacenó “la información confidencial y privilegiada” relativa a su situación dentro de la sede diplomática, “accediendo ilegalmente a la misma aprovechando su posición”. “La misma era entregada a terceros, incluyendo a las autoridades norteamericanas, de manera sistemática y continuada en el tiempo, y mediante los recurrentes viajes de Morales a Estados Unidos que el investigado pidió expresamente que debían ocultarse a las autoridades ecuatorianas”, añade.

Bajo su criterio, Morales creó en UC GLOBAL una “unidad especial de operaciones destinada exclusivamente a gestionar el espionaje perpetrado en la Embajada de Ecuador en Londres”. Assange también pide 6 años de cárcel para el responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, así como multa y pena de disolución para la empresa.

Correa pide tres años y medio

Por su parte, el expresidente de Ecuador Rafael Correa solicita 13 años y medio de prisión y multa para Morales, 6 años para Wallemacq y tanto multa como pena de disolución para UC Global.

Correa indica en otro escrito de acusación, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, que cuando era presidente decidió “dotar a su sede diplomática de un dispositivo de seguridad privado, acorde a sus nuevas necesidades y circunstancias”.

Y denuncia que mientras él y su familia estuvieron bajo la seguridad de UC Global, “sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española”, que “llevó a cabo una serie de acciones de marcado carácter ilícito, llegando a implantar un auténtico operativo de espionaje”, entre ellas grabaciones de conversaciones telefónicas o virus para controlar sus dispositivos.

Grabaciones confidenciales

En su auto de pase procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el juez instructor plantea llevar a juicio a Morales por haber presuntamente entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre Assange y otras personalidades.

Pedraz recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Señala que la empresa, con Morales como gerente y “máxima autoridad”, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detalla que los servicios prestados consistieron en “garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente”, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones “confidenciales” que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada. A su entender, Morales “pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'”.

El juez instructor considera acreditado tras la investigación que Morales “efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos”, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.