El Juzgado Federal de Rosario N° 1, bajo la dirección del juez Gastón Alberto Salmain, ha dictado una sentencia que obliga al Banco de la Nación Argentina a restituir 700 mil pesos a una clienta que fue víctima de un asalto. La mujer denunció que un motociclista la golpeó y le robó su celular, desde el cual se realizó una transferencia bancaria no autorizada.

El magistrado determinó que el banco debía asumir los riesgos asociados al uso de su aplicación digital, dado que la transferencia se llevó a cabo menos de una hora después del robo y los sistemas de seguridad del banco no detectaron la maniobra. En su resolución, el juez ordenó al banco devolver la suma sustraída, más intereses calculados desde la fecha de la transferencia, el 7 de febrero de 2023.

La demandante había presentado una demanda de daños y perjuicios, solicitando el reintegro del dinero, una compensación por daño moral y una multa por daño punitivo. En su relato, la mujer explicó que el día del asalto, mientras caminaba, fue golpeada en el rostro y despojada de su iPhone 12. Tras el ataque, notó que se había transferido 700 mil pesos a un tercero desconocido desde su cuenta.

La mujer, que es titular de una caja de ahorro en el Banco Nación y usuaria de la aplicación BNA+, aseguró que la app no estaba abierta en el momento del robo y que no tenía su clave anotada en el celular. "Todo eso -aseveró la clienta- sucedió en 50 minutos", lo que evidenció, según ella, la fragilidad de la seguridad de la aplicación del banco.

El Banco Nación, al responder a la demanda, negó los hechos y rechazó cualquier responsabilidad. Argumentó que la operación se realizó con el PIN correcto y validación biométrica, y que la transferencia solo pudo llevarse a cabo si la aplicación estaba abierta o si la clave estaba anotada en el dispositivo. Además, el banco alegó que la demandante actuó de manera negligente, lo que permitió que el tercero realizara la operación.

El juez Salmain, al analizar el caso, destacó que no había controversia sobre la titularidad de la cuenta ni sobre la transferencia realizada. Recordó que, según la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, los proveedores de servicios financieros tienen un deber de seguridad. En este contexto, mencionó las directrices del Banco Central sobre seguridad informática, que exigen mecanismos para garantizar la autenticidad de las operaciones.

El informe interno del banco indicó que la operación fue inicialmente rechazada por motivos de seguridad, pero luego se concretó una segunda transferencia por el mismo monto. El juez subrayó que el propio banco reconoció elementos que sugieren que la demandante fue víctima de un fraude bancario.

A pesar de la condena al banco para devolver el dinero, el juez desestimó la solicitud de daño moral y la multa civil, argumentando que los efectos sufridos por la demandante no superaban las molestias comunes de un proceso judicial. Así, el fallo concluyó que el Banco de la Nación Argentina debe reintegrar 700 mil pesos a la clienta, rechazando los otros reclamos como improcedentes.