La decisión está tomada, a falta de que la refrenden las bases. Junts da por roto el acuerdo de Bruselas que permitió la investidura de Pedro Sánchez y a partir de ahora se situará de forma clara en la oposición. La Ejecutiva, reunida en Perpinyà (Francia) para la ocasión ha votado de forma unánime para poner fin a la relación que mantenían con el PSOE desde octubre de 2023.

El paso que oficializa Junts y que ahora debe ser refrendado por las bases, no supone necesariamente que vayan a dejar caer el Gobierno de Sánchez, sino únicamente el fin de sus apoyos parlamentarios. Aunque la relación entre la mayoría del Gobierno y Junts en el Congreso ha sido muy tormentosa, los independentistas habían votado a veces en contra de propuestas clave del Ejecutivo, pero también habían sido muchas veces socios necesarios para aprobarlas. La ley de movilidad sostenible, última que salió adelante, contó con el apoyo de Junts.

“Respetamos las dinámicas internas de todos los partidos. Hay diálogo, mano tendida y negociación, y vale la pena. Vamos a insistir en esto. Vale la pena dialogar, negociar y alcanzar acuerdos”, ha reaccionado la portavoz del PSOE , Montserrat Mínguez, que ha asegurado que la continuidad del Gobierno es “lo mejor para Catalunya y lo mejor para España”.

El partido de Carles Puigdemont lleva meses cayendo en las encuestas, presionado sobre todo por Aliança Catalana , lo que le ha llevado a un giro a la derecha con el que pretende subrayar su posición crítica con la inmigración y de mano dura ante la inseguridad. Algo que resultaba cada vez más incompatible con los pactos constantes con el Gobierno de coalición que preside Sánchez.

La determinación que ha tomado la formación llega tras dos años en los que la comunicación con el PSOE ha sido constante pero los desencuentros también muy frecuentes. Del optimismo inicial por un pacto que devolvía a Puigdemont al centro de la escena política y que daba un empujón definitivo a la amnistía, los independentistas pasaron rápidamente a una situación de escepticismo, por lo que entendían que eran constantes dilaciones del Gobierno en la mesa de negociación.

En Junts nunca estuvieron satisfechos con el papel del Gobierno respecto a la ley de amnistía. Tras unas durísimas negociaciones en las que los independentistas estuvieron varias veces a punto de saltar, el hecho de que los tribunales no la aplicaran de inmediato llevó a Puigdemont a reclamar al Gobierno que moviera todos sus resortes para lograrlo, de la Fiscalía al Consejo del Poder Judicial. Sin conseguirlo, finalmente en Junts reclamaron una “amnistía política”, es decir, que el Ejecutivo normalizase la relación con Junts e, incluso, que Sánchez acudiera a ver a Puigdemont, algo que nunca llegó a ocurrir.

No menos complicada fue la negociación sobre la delegación de competencias en inmigración, que se acabó pactando no sin que antes Puigdemont lanzara un duro ultimatum al PSOE y una petición de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. Finalmente independentistas y socialistas acabaron reconduciendo la relación. Pero la delegación de competencias quedó en nada por el rechazo en el Congreso, después de que Podemos se desmarcara de la propuestas por considerarla racista.

En los últimos meses la situación de bloqueo se había agravado, al instalarse en la cúpula de la formación independentista que el diálogo con el PSOE era estéril. No han conseguido que la amnistía alcance a su máximo líder, tampoco avanzar en cuestiones en relación con la inmigración o la multirreincidencia. Por su parte, la petición de que el catalán fuese oficial en Europa, en la que el Gobierno y Junts han trabajado mucho, también se alargaba, pese al último paso favorable que ocurrió la semana pasada, cuando Alemania aceptó un diálogo con España sobre la cuestión.

Pero las diferencias ya eran insalvables. Puigdemont cree que de su relación con el PSOE ya no puede sacar demasiado y que es preferible una ruptura ahora, mientras esta bala tiene algún valor, que esperar a más tarde cuando la legislatura pueda acabarse por otras razones.