Desde la aprobación de las leyes de amnistía, declaradas inconstitucionales, jueces valientes han protegido la Constitución y los derechos humanos.

En los últimos meses, el intento de subordinación judicial se ha intensificado. Intentan replicar patrones en otros poderes del Estado y en entidades constitucionalmente autónomas, como el Poder Ejecutivo o la Junta Nacional de Justicia.

Recientemente, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de “prevaricadores” a magistrados que dictan sentencias contrarias a los intereses de la mayoría parlamentaria, particularmente aquellos relacionados con la responsabilidad de agentes del Estado y la inaplicación de normas incompatibles con los derechos humanos.

De esa manera, la coalición parlamentaria que gobierna busca condicionar d

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