El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley conocido como ‘Estatuto del Becario’. Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios , el Gobierno no había iniciado su tramitación hasta ahora, en medio de fuertes resistencias a la norma , que todavía complican que salga adelante en el Parlamento. Se trata de nuevos derechos a los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha leído algunas ofertas de becas reales antes de explicar el contenido de la norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “ Ambiente, joven, dinámico y con alma' . Esto es trabajar más de 12 horas. Esto es real, de estos días”, ha denunciado Díaz, que ha reivindicado el anteproyecto como “la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país”.

El anteproyecto de ley ha recibido la luz verde del Gobierno para iniciar un proceso de informes y trámites preceptivos hasta pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, algo que puede demorarse varios meses. Entonces, el Ejecutivo mandará el proyecto de ley al Congreso de los Diputados para tramitar la norma con el resto de formaciones políticas, una tarea muy difícil en casi todas las iniciativas y en esta en particular.

Es importante también recordar que esta medida está incluida en las reformas del Ministerio de Trabajo incluidas en el Plan de Recuperación europeo tras la pandemia. Yolanda Díaz ha cifrado en más de 1,6 millones de personas becarias en España. “No son una anécdota, tienen un peso mayúsculo” en el mundo de la empresa y el trabajo, ha advertido la vicepresidenta segunda.

Aunque las prácticas alcanzan mayoritariamente a los jóvenes, la responsable de Trabajo ha subrayado que unas 366.000 personas, “el 22% de estas personas en prácticas no laborales, son mayores de 30 años”.

A falta de consultar el texto definitivo aprobado este martes, en el Ministerio se remiten al documento pactado por el departamento de Yolanda Díaz con los sindicatos CCOO y UGT en junio de 2023. Tras más de un año de negociaciones en el diálogo social, los empresarios se descolgaron del acuerdo en el último momento, en un contexto marcado por el adelanto electoral de ese verano.

En el seno del Gobierno de coalición ha habido diferencias respecto a la norma, como han reconocido públicamente en Trabajo y demuestra la gran demora para que el Estatuto llegara al Consejo de Ministros. Este martes, Díaz no ha incidido en estas disensos y ha reivindicado que “esta norma sale del Gobierno de España”, de manera “consensuada”.

Nuevos derechos para los estudiantes

El Estatuto del Becario (en realidad denominado Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, instituciones u organismos públicos o privados) regula nuevos derechos para los estudiantes, entre los que destacan la compensación de todos los gastos derivados de las prácticas, por ejemplo en el transporte y la manutención.

Ahora, las empresas no tienen obligación en este sentido y solo hay una minoría de estudiantes que recibe alguna compensación económica por sus prácticas. Según los primeros datos disponibles, de 2024, en España había casi un millón de becarios que no cobran nada , el 80% del total. El texto también prohíbe explícitamente que los estudiantes tengan que pagar por hacer prácticas, una situación que ocurre en ocasiones, como han recordado este martes la vicepresidenta segunda y han denunciado los sindicatos.

Además, se regulan entre otros los derechos de los becarios a vacaciones y festivos como el resto de la plantilla, a la protección de su salud, y a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, como restauración, zona de descanso y aparcamiento.

También, el derecho a una “adecuada tutorización” de los estudiantes, con el objetivo de garantizar que las prácticas sean parte de la formación y aprendizaje de los jóvenes, y no un empleo sin los derechos de los trabajadores. Los tutores podrían tener un máximo de cinco estudiantes a cargo, o tres en el caso de las pequeñas empresas. En este sentido, la ley incluye la obligación de informar por escrito a la representación legal de la plantilla del número de becarios y de sus condiciones.

Más límites y sanciones ante abusos

Por otro lado, el anteproyecto de ley regula nuevas restricciones en la utilización de estudiantes en prácticas por parte de las empresas y otras instituciones. Los becarios solo podrían suponer un 20% del total de trabajadores, aunque se permitiría en todo caso que haya dos, con la mirada puesta en que las pequeñas empresas también puedan ofrecer prácticas.

También se estipula un máximo de horas de prácticas que podrían realizar los estudiantes. Para las prácticas curriculares, no podrían superar el 25% de las horas que componen los créditos de la titulación. En el caso de los másteres y doctorados, el máximo se amplía al 33%.

Respecto a las prácticas no curriculares, aquellas que no forman parte del currículo educativo de los títulos formativos y que los sindicatos querían eliminar por considerarlas un foco generalizado del fraude de falsos becarios, el límite previsto es “del 15% de las horas” de la titulación, con un máximo en todo caso de “480 horas”.

El anteproyecto de ley precisa que “se presumirá que existe relación laboral”, es decir, que se trata de un trabajador y no de una persona becaria, “cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”.

Yolanda Díaz ha enfatizado mucho en este punto, con la advertencia de que los becarios no deben sustituir ni hacer el trabajo propio de un asalariado. “Toda la formación que se aleje del plan de formación van a convertirse en relaciones laborales ordinarias”, ha avisado la vicepresidenta.

El texto incluye también nuevas sanciones que podrá imponer la Inspección de Trabajo, como multas de hasta 7.500 euros por incumplir los nuevos derechos de los becarios y de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten .

Ante las quejas que han lanzado los rectores universitarios (CRUE) sobre este nuevo marco de derechos para los estudiantes en prácticas, Yolanda Díaz ha reconocido los problemas de las universadades públicas de financiación (“empezando por Madrid”), que complican su gestión, pero ha señalado que los jóvenes no pueden continuar “teniendo relaciones laborales precarias” ni “ocupar puestos de trabajo”.