Para desviar la atención informativa del inhabilitado por el Tribunal Supremo y dimitido como fiscal general del Estado, García Ortiz, Sánchez se ha dado prisa en dar a conocer a su candidata a sucederle al frente de la Institución que tiene por principal deber el promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. La candidata ya ha sido calificada como «progresista y acreditada feminista», lo que al parecer es una obligada tarjeta de presentación para acceder a cualquier responsabilidad pública de la mano del sanchismo. Unir ambos calificativos como sinónimos, indisociables e indispensables, cual si fueran garantía de una adecuada competencia e idoneidad para el ejercicio del servicio público, es cuando menos arriesgado e inconveniente «a estas alturas del debate», por cuanto,

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