BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández recibió distintas sumas de dinero en varios de sus domicilios en concepto de sobornos de empresarios que buscaban contratos para obras públicas durante su gobierno, según la acusación de un fiscal leída el jueves en el juicio que la tiene como principal acusada.

Fernández y su abogado Carlos Beraldi escucharon la lectura de la acusación mientras permanecían conectados de forma virtual a la quinta audiencia del debate desde el departamento en Buenos Aires donde la dirigente del peronismo opositor cumple desde junio una condena a seis años de prisión por corrupción durante su gestión entre 2007 y 2015.

Un funcionario judicial leyó la imputación del fiscal federal Carlos Stornelli que señala a la exmandataria como la “destinataria final” de los pagos que supuestamente hicieron decenas de empresarios a cambio de ser beneficiados con contratos estatales en la construcción, la energía y el transporte. Otros 19 exfuncionarios y 65 empresarios también son juzgados en el proceso que comenzó el 6 de noviembre.

La dirigente peronista niega los cargos y se considera víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores.

La acusación sostuvo que Fernández “recibió sumas de dinero" en un departamento en la capital argentina que compartía con su entonces esposo y antecesor en el cargo Néstor Kirchner (2003-2007) —fallecido en 2010—, así como en una propiedad de ambos en el sur argentino y en otros inmuebles, como la casa de gobierno. La recepción del dinero estaba fundamentalmentea a cargo de Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de la pareja presidencial ya fallecido.

“Esos actos delictuales... resultaron ser sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación y la principal receptora resultó ser Cristina Fernández, que más allá de ser la presidenta de la nación argentina, era quien tomaba posición final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, consideró el fiscal en su acusación escuchada por la dirigente política y los otros imputados.

Fernández está acusada de haber liderado una asociación ilícita y haber sido coautora en 204 oportunidades del delito de cohecho pasivo, que es el que comete un funcionario público que acepta, recibe o solicita un soborno. Los jefes u organizadores de una asociación ilícita pueden recibir una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En tanto, los que cometen cohecho pasivo pueden ser castigados con hasta 6 años de cárcel.

Durante la lectura fueron enumerados diferentes episodios referidos a los presuntos pagos de sobornos realizados mediante dinero en efectivo que aparentemente iba oculto en bolsos y maletas. Esos casos fueron relatados por imputados que colaboraron con la justicia, como Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales.

Si los paquetes con dinero eran "chicos” tenían como destino la sede de gobierno; si eran grandes el departamento de Fernández el barrio capitalino de Recoleta, según la acusación que acotó que José López, exsecretario de Obra Pública que declaró como arrepentido, afirmó que en 2007 se había realizado una entrega en la puerta principal de ese domicilio de "una valija con aproximadamente ocho millones de dólares”.

Está previsto que el juicio se prolongue durante meses. Fernández lo ha calificado de “opereta judicial”.

Además de tener que cumplir en su departamento seis años de condena, la exmandataria quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.