El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sacado a fase de audiencia pública un anteproyecto de ley para la prohibición de sufrir represalias o discriminación para aquellos empleados que denuncien posibles casos de corrupción en su empresa u organización, así como declarar nulos todos los despidos que se ejecuten relacionados con esta causa.

El anteproyecto de ley, que se incluye en el Estatuto de los Trabajadores, modifica la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Además, la sociedad civil puede presentar propuestas hasta el 26 de diciembre.

Yolanda Díaz explica que la norma es “necesaria” y “eficaz”

La ley cuenta con dos art

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