Hace dos semanas, cuando se supo que al menos 15 menores de edad habían muerto en bombardeos del Ejército contra las disidencias de las Farc, el país volvió a poner los ojos sobre las consecuencias del reclutamiento forzado de menores, que casi nunca se detiene en las zonas más críticas del conflicto, pero que suele pasar de agache.

Además, es uno de los crímenes más difíciles de medir, el subregistro es inmenso, pues las familias, casi siempre agobiadas por el conflicto, prefieren no denunciar. O también pasa que hay comunidades donde ya se ha normalizado o donde parece simplemente que ese es el destino de sus jóvenes: entrar a algún grupo armado y conseguir plata para mandarle a la familia.

Según el más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas, verificado en 2024,

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