El Congreso ha empezado a tramitar este jueves la reforma del sistema de dependencia y discapacidad que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Una amplia mayoría, con la abstención del PP y de Vox incluida, ha tumbado la enmienda de devolución que había registrado Junts, por lo que la norma empezará a negociarse en comisión a partir de ahora, aunque lo hará ya en febrero, después del parón por las navidades.

La ley que ahora empezará a tramitar el Congreso es una reforma integral del sistema de dependencia y de discapacidad y tiene tres pilares, tal y como ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: un cambio del modelo para alejarlo de la perspectiva asistencialista, una mejora de los derechos de las personas que cuidan y una reforma de la financiación de todo el sistema.

Entre algunos de los nuevos servicios que contemplará el nuevo texto si se aprueba definitivamente está el de un préstamo para sillas de ruedas, camas y grúas, con la creación de un banco público para evitar que las personas tengan que invertir grandes cantidades en estos elementos para poder quedarse en su casa.

También incorpora modalidades alternativas a la residencia o a la vivienda propia para que los cuidados puedan darse en modalidades de convivencia con pocas personas con cuidados integrales o dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos, como el  cohousing .

También se amplían algunos servicios como la ayuda a domicilio, que se extenderá fuera del hogar para cubrir algunas actividades cotidianas como la compra o las consultas médicas. Y la prestación por cuidado se amplia a los entornos familiares o relacionales, con la idea de incluir en estas ayudas a amigos con el mismo grado que familiares cercanos.

“Con esta con esta reforma pretendemos pasar del modelo assitencialista a uno cercano y comunitario, que incluya la mejora de los cuidados a domicilio”, ha defendido el ministro desde la tribuna.

“No se trata solo de una cuestión numérica o contable. Envejecer no es una carga ni es un lastre para nuestra balanza fiscal, es un logro democrático, es el deasrollo del progreso económico y social de la democracia española. Ese hecho nos obliga a repensar nuestros sistemas y remover los obstáculos y desigualdades que lastran las vidas de nuestros ciudadanos, como la riqueza o el lugar donde viven”, ha reivindicado.

El PP permite la tramitación

La clave de la negociación para que esta ley comience su camino parlamentario ha sido el PP, que en las instancias previas en la comisión, en las comparecencias con las asociaciones y los colectivos, se había mostrado abierto a debatir sobre el contenido de este texto, aunque ha criticado que la ley del Gobierno no contemple datos concretos sobre financiación, algo con lo que se ha comprometido el ministro en la tribuna.

“Han hecho una cosa muy buena al explotar la conexión de la discapacidad con la dependencia, que existe, es real y tiene base filosófica”, les ha felicitado el diputado del PP Enrique Belda. “Han puesto de manifiesto que esta norma ya no es solo del tercer sector, es una norma de todos en un país donde todos somos dependientes o potencialmente dependientes y esto requiere una política de estado”, ha reclamado.

Eso sí, ha advertido de que los respresentantes de las asociaciones han reclamado “continuidad en la financiación”, algo que según ha dicho es muy difícil sin presupuestos y unos “compromisos plurianuales”. “Hacemos una advertencia, necesitamos que la tramitación se relaje porque tenemos que cambiar muchas y buenas cosas y si no se han presentado enmiendas de totalidad por nuestro grupo es porque esperamos comprensión en los plazos para cambiar esta ley en tiempo y forma”, ha apuntado.

Junts critica la “contudente invasión competencial”

Junts ha votado a favor de su enmienda a la totalidad al observar en el texto del gobierno una “contundente invasión competencial”, tal y como ha descrito el diputado Josep Maria Cruset. “Es una contundente invasión competencial como no hemos visto en los últimos tiempos”, ha dicho.

Para Cruset, el texto adolece de una visión “absolutamente centralista” y carcece de “garantías respecto a los recursos económicos necesarios”. “La ley implica un evidente incremento presupuestario que hay que llevar a cabo pero no se ha hecho cálcuo del impacto económico ni compromiso de aportar los recursos económicos necesarios”, ha dicho.

A pesar de estas críticas, el Partido Nacionalista Vasco ha renunciado este jueves a mantener la enmienda a la totalidad que había registrado, precisamente por esas críticas contra la invasión de competencias. Los nacionalistas vascos han asegurado que han negociado cambios con el Gobierno para asegurarse en el trámite parlamentario que se eliminarán las invasiones a competencias propias.