El Pleno del Congreso de la República ha aprobado por unanimidad un dictamen que endurece las penas contra el sicariato en Perú. Esta reforma, que modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal, establece una pena mínima de 30 años de prisión para quienes cometan, ordenen o actúen como intermediarios en estos delitos. En casos agravados, como el uso de menores de edad, se contempla la cadena perpetua.

La decisión fue tomada el 10 de septiembre, con 106 votos a favor y sin votos en contra. La norma fue exonerada de una segunda votación para acelerar su envío al Poder Ejecutivo. Durante el debate, los legisladores expresaron su preocupación por el aumento del sicariato, que ha alcanzado un promedio de tres asesinatos por encargo diarios en 2024. El presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, subrayó que esta situación afecta la seguridad ciudadana y la economía del país.

La reforma no solo sanciona a los autores materiales de los asesinatos, sino también a quienes los ordenan o coordinan. La pena mínima se incrementa de 25 a 30 años, y se amplían los supuestos para aplicar la cadena perpetua. Esto incluye a quienes utilicen a menores o personas inimputables para cometer crímenes, así como a las víctimas que sean transportistas, comerciantes o trabajadores de servicios públicos.

Los legisladores Roberto Chiabra y María del Carmen Alva enfatizaron la urgencia de sancionar a quienes utilizan a menores en estos crímenes, señalando que el sicariato genera un clima de miedo y convierte la vida humana en mercancía. Además, se discutió la inclusión de un agravante para los asesinatos ordenados desde centros penitenciarios, una práctica que ha sido identificada como parte de la estrategia de bandas criminales.

La aprobación de esta reforma es considerada una respuesta unánime ante la creciente ola de violencia en el país. Las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) indican que hasta el 4 de agosto de 2025 se habían registrado 1.293 homicidios en Perú, con Lima concentrando casi la mitad de los casos. La situación ha llevado a comunidades enteras a vivir con temor ante la posibilidad de nuevos ataques, reflejando la magnitud del problema del sicariato y el crimen organizado en el país.