El anuncio de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, de evaluar incluir al premier Eduardo Arana en la investigación contra Juan José Santiváñez, marca un punto de inflexión político y judicial.

El caso ya compromete seriamente al ministro de Justicia, acusado de recibir 20 000 dólares y de solicitar favores indebidos en beneficio de un cliente. Ahora, la sombra alcanza directamente al jefe del gabinete.

El audio difundido por Panorama, donde Santiváñez pide a Arana interceder en un traslado penitenciario a un preso de crimen organizado, es más que un detalle administrativo. Refleja presunta coordinación política para favorecer a un interno.

La defensa oficial apunta a la presunción de inocencia. Sin embargo, la gravedad radica en la deslegitimación del discurso gubernamental sobre tra

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