La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta hoy un juicio oral por presuntos aportes ilícitos de las constructoras Odebrecht y OAS, que superan los 11 millones de dólares. Este proceso judicial, que comenzó el 23 de septiembre, se centra en la acusación de que Villarán lideró una organización criminal durante su gestión, entre 2010 y 2015, que habría lavado dinero de origen ilícito para financiar sus campañas políticas.

La Fiscalía, representada por el fiscal José Domingo Pérez, ha presentado 12 hechos delictivos que incluyen asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos. Se le atribuye haber favorecido a las constructoras con la adjudicación de importantes proyectos en Lima, como Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, a cambio de financiamiento ilegal para sus campañas del 'No' a la revocatoria en 2013 y su reelección en 2014.

Villarán es acusada de concertar con representantes de Odebrecht y OAS para obtener beneficios en la ejecución de estos proyectos. Por ejemplo, se le imputa haber firmado contratos sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que habría beneficiado a las empresas involucradas. Además, se le atribuye el uso de diversas modalidades para blanquear el dinero, incluyendo la creación de empresas offshore y la utilización de cuentas en paraísos fiscales.

El juicio incluye la declaración de 378 testigos, entre ellos excongresistas y otros actores relevantes, así como la participación de 20 personas naturales y 9 jurídicas. La Fiscalía ha solicitado una pena de 29 años de prisión para Villarán, reflejando la gravedad de los delitos imputados.

Este caso se enmarca dentro del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que ha sacudido a varios países de América Latina y ha implicado a numerosos políticos y empresarios. La situación de Villarán, quien fue elegida con un discurso anticorrupción, plantea interrogantes sobre la credibilidad de las instituciones y la lucha contra la corrupción en Perú.

El juicio no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, ya que Villarán fue vista como una figura progresista en su momento. Su caída del poder y el inicio de este proceso judicial reavivan el debate sobre la necesidad de reformas estructurales en el financiamiento de campañas electorales en el país.