Según ha publicado OKDIARIO , la Fiscalía ha solicitado el archivo definitivo del caso Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , al entender que las supuestas irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) carecen de relevancia penal. El Ministerio Público considera que se trata de defectos meramente administrativos y no de conductas delictivas.

Durante la comparecencia del 6 de octubre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid , el fiscal José Manuel San Baldomero sostuvo que « las irregularidades de índole administrativa no conducen automáticamente a un ilícito penal ». La sesión, presidida por el juez Juan Carlos Peinado , se desarrolló sin la presencia de los tres investigados: Begoña Gómez , Carlos Barrabés y Cristina Álvarez , quienes, pese a estar citados, no acudieron al juzgado.

“No advertimos el carácter delictivo de los hechos”

El fiscal defendió durante más de media hora que no existen indicios de criminalidad en la actuación de Gómez y que los hechos « no reúnen los elementos típicos necesarios » para ser considerados delitos. Así, pidió archivar las acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional .

Según detalla OKDIARIO, San Baldomero fue rotundo al afirmar: « No advertimos el carácter delictivo de los hechos ». En su intervención, desmontó una por una las acusaciones y señaló que las cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez para proyectos empresariales de Carlos Barrabés no suponen tráfico de influencias ni favorecen irregularmente a terceros.

« La mera relación conyugal de María Begoña Gómez no puede operar como una presunción de influencia penalmente relevante », argumentó el fiscal, quien además recalcó que no se ha acreditado ningún beneficio económico para la esposa del presidente ni perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense de Madrid , donde dirigía una cátedra sobre transformación social.

El informe de la IGAE no prueba delito alguno

El Ministerio Público también minimizó el alcance del informe de la IGAE , que, según reveló en primicia OKDIARIO, detectó irregularidades en contratos públicos de Red.es , organismo dependiente del Gobierno, adjudicados a empresas vinculadas al empresario Barrabés.

La Fiscalía señaló que las deficiencias detectadas —como cambios en los criterios de valoración sin justificación, mesas de contratación incompetentes o alteraciones de metadatos — no constituyen un delito, sino errores «habituales en la gestión pública».

San Baldomero insistió en que “estas deficiencias no reflejan una manipulación deliberada, sino defectos procedimentales que no alcanzan el umbral de lo punible” , y añadió que “varios contratos fueron conformes a la normativa aplicable” , según la propia IGAE.

Cartas de recomendación y software universitario

En relación con las cartas de apoyo que Gómez firmó a favor de proyectos de Barrabés, el fiscal explicó que « simplemente recomendaban el objeto del contrato, no a un empresario concreto ». Recordó que grandes entidades como Microsoft, IBM o el Ayuntamiento de Madrid también emiten documentos de este tipo sin que se cuestione su legalidad.

Respecto al supuesto delito de apropiación indebida por el software universitario desarrollado en la cátedra Complutense, la Fiscalía considera que el programa nunca llegó a estar operativo , por lo que no existió lucro personal ni perjuicio económico .

« No se trató de un proyecto comercial, sino de un desarrollo de carácter social destinado a pymes y ONG », apuntó el fiscal, descartando cualquier ánimo de enriquecimiento.

Una Fiscalía en línea con la defensa

De acuerdo con la información publicada por OKDIARIO, el fiscal adoptó un tono claramente exculpatorio , hasta el punto de que algunos observadores consideraron que actuó como defensor más que como acusador . Por su parte, las defensas de Gómez, Barrabés y Álvarez respaldaron por completo la tesis del Ministerio Público y llegaron a denunciar que el proceso era una “investigación prospectiva” , sin precedentes en la historia reciente.

La acusación popular mantiene la presión

La acusación popular , ejercida por la organización HazteOír , fue la única parte que mantuvo la acusación formal . En su intervención, el letrado insistió en que Begoña Gómez se valió de su posición como esposa del presidente para influir en decisiones administrativas y favorecer a empresas vinculadas a su entorno .

El abogado denunció la existencia de una “triangulación de intereses entre Moncloa, la cátedra de la Complutense y las empresas de Barrabés” , señalando que el rector de la universidad acudió a la Moncloa en julio de 2020 para acordar la creación de la cátedra dirigida por Gómez, con presencia de directivos de Indra y Telefónica y un notable dispositivo de seguridad .

Un caso al borde del archivo

Según publica OKDIARIO, la decisión sobre el futuro del procedimiento queda ahora en manos del juez Juan Carlos Peinado , que deberá determinar si acepta el archivo solicitado por la Fiscalía o si permite que la causa avance hacia un Tribunal del Jurado .

Todo apunta, sin embargo, a que el caso podría cerrarse sin llegar a juicio , después de que el Ministerio Público haya descartado la existencia de delito alguno. De confirmarse, supondría el archivo definitivo de la causa contra Begoña Gómez , y consolidaría la tesis de que la investigación fue un proceso político sin base penal , como sostiene el entorno de la Moncloa.