La necesidad de mejorar y reformar la administración pública concita un amplio consenso en Catalunya. Esta semana el Govern ha dado a conocer las 50 medidas que ha propuesto la comisión de expertos para la definición de la transformación de la Administración de la Generalitat con el objetivo, por ejemplo, de liberarla de burocracia y simplificar los trámites. Dos días después, el Parlament ahonda en el derecho a la buena administración y todos los grupos -a excepción del PP y Aliança Catalana, que se han abstenido- han validado una ley del PSC, Esquerra Republicana y Comuns que prohíbe y elimina la obligatoriedad de la cita previa.

La norma presentada por los tres grupos de izquierdas incide también en el derecho al error en el marco de la administración pública. Por un lado, introduce

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