El Congreso ha reactivado este martes la negociación de la ley de los sindicatos de inquilinas que busca regular los alquileres de temporada. Los grupos que trabajan en la ponencia del texto se han reunido este martes para poner los trabajos y se reunirán el próximo partes para poner en orden las enmiendas y comenzar a esbozar un primer borrador del texto, que necesita los votos de Junts para salir adelante.

El partido de Carles Puigdemont ya puso muchos problemas para que la iniciativa comenzase su andadura parlamentaria hace justo un año. En un primer momento tumbó la ley y aproximadamente un mes después, tras la presión del Sindicat de Llogateres de Catalunya, acabó apoyando una nueva versión que recogía algunos cambios menores. La reactivación ahora de esta ley se produce sin embargo después de que los independentistas haya reforzado su presión contra el Gobierno y amenazado con bloquear todas las leyes que lleven el impulso de los partidos de la coalición progresista.

La ley que ha reactivado el Congreso busca tapar uno de los principales agujeros que según el movimiento por el derecho a la vivienda dejó la ley estatal que negociaron PSOE y los socios la legislatura pasada. Los socialistas lograron dejar fuera del texto esta regulación, que han aprovechado los propietarios para esquivar los topes de precios de la norma en los lugares donde se aplica, como en Catalunya, lo que en el Ministerio de Vivienda tildan de fraude.

El texto propone una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los alquileres temporales y de habitaciones tengan un límite de tiempo más acotado, con un máximo de nueve meses. La redacción inicial que tumbó Junts situaba ese límite en seis, pero es uno de los elementos que los proponentes terminaron cambiando para atraer a los independentistas.

El cambio, que introdujo en ese momento ERC, buscaba adaptar esta fórmula de arrendamiento al calendario docente, para permitir que puedan acogerse profesorado y estudiantes que tienen que desplazarse durante el curso de su domicilio habitual. Además, el arrendatario podrá desistir del contrato pasado el medio año, aunque deberá avisar con 30 días de antelación y las partes podrán pactar una indemnización para el arrendador.

Los partidos que componen el bloque de investidura han acordado en la reunión de este martes un plan de trabajo para poner en marcha la ley después de un año de su entrada en el Congreso. La Mesa decidió en mayo levantar los plazos de enmiendas, en aquel momento a través de un pacto de Sumar con el PP, y los grupos han ido registrando las modificaciones que pretenden aportar al texto.

La reunión de este martes se ha celebrado después de algunos avances en una negociación con los sindicatos de inquilinos en la que han estado especialmente involucrados el PSOE y ERC, además del grupo plurinacional. Ahora ese trabajo se plasmará formalmente en la reunión del próximo martes.

Todo ahora depende en especial de Junts, que hace apenas unos días endureció su posición contra el Gobierno con la amenaza de tumbar cualquier ley que lleve al Congreso. Aunque esta en concreto no se trata de una medida impulsada por el Ejecutivo sí fue registrada por Sumar y el PSOE está interesado en que salga adelante, y Junts en cuestiones de vivienda ha marcado durante la legislatura una posición diferenciada de la del resto de socios del bloque de investidura. No obstante, para algunas fuentes de las negociaciones, la negociación irá mejor con los independentistas siempre y cuando esté atada al espíritu de los planteamientos del Sindicat de Llogateres.