El Gobierno sostiene que trabajará "votación a votación" para sacar adelante normas como la de Industria o la de Familias, pactadas con Bruselas, a pesar de los avisos del partido de Puigdemont

Sánchez tiende la mano a Junts y el resto de socios se alejan de su estrategia de ruptura

En Moncloa no terminan de creerse del todo el órdago de Carles Puigdemont, que ha anunciado una ruptura con la que bloquea en la práctica la legislatura. Pedro Sánchez está convencido de que puede seguir adelante lo que le queda de mandato, aunque la producción legislativa se apague en los próximos meses. Lo que sí reconocen en el Gobierno es su preocupación por una serie de reformas pendientes y de las que depende en buena medida el desembolso de los 27.130 millones que faltan por llegar de los fondos europeos, aunque confían en que la presión de los alcaldes de Junts, que se quedarían sin recibir parte del dinero, haga cambiar la posición de la formación independentista dado que en el Ejecutivo dan por hecho que el PP no arrimará el hombro.

La consecución de los fondos europeos Next Generation EU se considera una de las grandes victorias políticas de Pedro Sánchez en el ámbito europeo. España fue una de las economías más golpeadas por el COVID-19, y este ‘plan Marshall’ europeo se tradujo en 163.000 millones de euros de financiación, prácticamente la mitad (79.854 millones) articulados mediante transferencias no reembolsables.

El Gobierno se centró desde el primer momento en ejecutar esos casi 80.000 millones de euros en transferencias, una urgencia que es mayor ahora. La otra pata, la de los créditos, interesa ahora menos, ya que la mejora de la calidad crediticia de España ha rebajado su atractivo y supone una deuda pública mayor. Hasta el momento, el Ejecutivo ha solicitado cinco desembolsos por un volumen total de 68.710 millones, pero quedan algo más de 300 hitos y objetivos por cumplir en menos de un año.

España tiene pendientes una docena de leyes, que aún tienen que aprobarse en el Consejo de Ministros o recibir la luz verde del Congreso para que el Gobierno justifique ante la Comisión Europea que está cumpliendo los hitos vinculantes del Plan de Recuperación. Con la aprobación de las de Movilidad Sostenible y de Servicios de Atención a la Clientela esta semana, el Gobierno gana oxígeno y evita que Bruselas retenga una parte importante de esos fondos, que sí o sí tiene que solicitar antes del 31 de agosto de 2026.

Esas dos normativas forman parte de las cinco que los de Puigdemont han 'salvado' de su rechazo bajo la premisa de que estaban negociadas antes de que el expresident decidiera poner fin a la relación con el Ejecutivo. Entre las cinco normas que Junts apoyará se encuentra la ley del Cine, que forma parte del sexto pago de los fondos europeos, aún pendiente de solicitar por parte del Gobierno.

De la ley de Familias a la regulación de los 'lobbies'

Según los documentos acordados entre el Gobierno español y la Comisión, como parte de ese sexto desembolso, que asciende a 5.342 millones, el Ejecutivo se comprometió a aprobar otras leyes que ahora quedan en el aire con el anunciado 'no' de Junts. Se trata de cinco normativas. Entre ellas la ley de Industria y la ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que figuran en el listado de 25 leyes a las que se Junts ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad. El Consejo de Ministros tiene aún que aprobar el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ha generado protestas del personal sanitario y de los sindicatos; la ley de Medicamentos, y la ley de Ordenación profesional en el ámbito del deporte, que no se presentará antes de que acabe el año.

Junts ha anunciado que vetará con enmiendas a la totalidad todas las leyes que el Gobierno lleve al Parlamento a partir de ahora. De hecho, este mismo viernes el diputado de la formación independentista Josep Pagès i Massó advirtió al Ejecutivo de que aún está “en fase de negación” ante la ruptura. Lo hizo durante la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien adelantó la presentación de una enmienda a la totalidad contra su medida estrella, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que en este caso no forma parte del Plan de Recuperación.

El partido de Puigdemont también ha advertido de una enmienda a la totalidad contra la ley de Familias, que forma parte del séptimo desembolso de las transferencias pendientes de Bruselas, valorado en 8.147 millones. También forman parte de ese paquete la ley para regular los lobbies y la norma para la creación de una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que están en el Congreso y ya han superado la primera parte de la tramitación parlamentaria y están en la fase de presentación de enmiendas al articulado. No obstante, Junts tampoco pretende darles el visto bueno.

Del octavo desembolso (5.307 millones) quedan por salir adelante unas enmiendas a la Ley de Protección de la Competencia (la que permitió a Economía intervenir en la opa del BBVA al Sabadell) y también una revisión de ciertos beneficios fiscales en el sistema tributario, cuyos cambios pasan también por una reforma legal. El noveno y último (8.334 millones) incluye la norma de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, contra la que Junts también ha anunciado una enmienda a la totalidad.

En el aire también están algo más de 1.000 millones de hitos pendientes, como la equiparación fiscal del diésel y la gasolina, que se pactó dentro de la reforma fiscal del año pasado pero no salió adelante; y las medidas para acabar con la temporalidad en la Función Pública que revirtió la Justicia Europea. El sistema de cuotas de autónomos, también negociado con la Comisión, podría restar otros 1.400 millones si no se cumple con su cotización por ingresos reales.

Las leyes tienen más peso

En el Gobierno aún confían en que Junts rebaje su 'no' y sostienen que trabajarán “votación a votación”, aunque admiten que el trabajo con el grupo parlamentario se ha puesto cuesta arriba. De hecho, la portavoz, Míriam Nogueras, no ha dejado de avisar a los socialistas de que no van de farol con su ruptura y el resto de socios de la coalición se creen la amenaza y ven la legislatura en tiempo de descuento.

Llegado el momento, dado el vencimiento del plazo para solicitar los pagos a la Comisión Europea, el Gobierno tendrá que ver cuándo pide en Bruselas los desembolsos, consciente de que, como ocurrió con el caso del diésel, serán parciales. Y, en el caso de las leyes, son las que tienen el grueso del peso de los 27.130 millones pendientes de percibir, aunque la cuantía concreta depende de un complejo sistema de coeficientes diseñado por el gobierno de Ursula von der Leyen.

“Tras la Comunicación de la Comisión en junio de este año, España está trabajando con ellos en adaptar y simplificar los compromisos pendientes para que el proceso de evaluación del cumplimiento sea más ágil y centrado en el caso de las reformas en aquellas identificadas como más relevantes para cumplir con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, se limitan a decir en el Ministerio de Hacienda.