La crisis de seguridad en los penales de Perú se agudiza tras la reciente fuga de un interno en el penal de Piura. Krisman Nizama Ponce, de 31 años, procesado por extorsión, fue reportado como ausente el 19 de octubre de 2025. Su desaparición fue detectada a las 06:30 a.m. durante una revisión rutinaria en el área de tratamiento psiquiátrico del establecimiento.

Ante esta situación, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió remover de inmediato al director y subdirector del penal. Las autoridades activaron protocolos de seguridad y comenzaron una búsqueda exhaustiva dentro y fuera del penal. El INPE notificó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para facilitar la recaptura de Nizama Ponce y abrir las investigaciones pertinentes.

Este incidente se suma a otro caso reciente, donde un interno venezolano logró escapar del penal de Huaral el 17 de octubre, lo que también resultó en la destitución del director de ese centro. La rápida reacción de las autoridades busca responder a la creciente presión social por mayor seguridad en las prisiones.

Además, la situación de los funcionarios penitenciarios es preocupante. En el penal de Chincha, el director recibió amenazas a través de videos, lo que evidencia la influencia de las mafias carcelarias.

El INPE enfrenta críticas sobre la efectividad de sus protocolos de seguridad. La remoción de funcionarios y la activación de investigaciones reflejan un intento de la institución por sancionar posibles omisiones. Hasta el momento, las fuerzas policiales continúan buscando a Krisman Nizama Ponce, sin información sobre su paradero.

En otro desarrollo, Edinson A.M., de 20 años, y M.R.V., de 55 años, han sido enviados a prisión preventiva por 12 meses, acusados de pertenecer a la banda “Los Malditos del 9 de Octubre”. Fueron detenidos mientras intentaban cobrar S/1,500 de una extorsión a un empresario. La policía investiga la conexión de estos individuos con un preso conocido como “Jonathan”, quien facilitó la operación.

La situación en los penales de Piura refleja un desafío creciente para las autoridades, que buscan restablecer el orden y la seguridad en un sistema penitenciario cada vez más complicado.