La polémica ha estallado en la Feria de Castelló debido a la exhibición y venta de objetos que exaltan el fascismo y la dictadura franquista en algún puesto de venta. Ante estos hechos, el grupo municipal Compromís per Castelló ha sido el encargado de llevar la denuncia formal al Ayuntamiento, exigiendo una actuación inmediata para hacer cumplir la legislación vigente.

El portavoz de Compromís en el consistorio, Ignasi Garcia, ha solicitado formalmente que la Policía Local levante acta de la situación y la remita al organismo competente. Garcia argumenta que es inadmisible que en un espacio público de la ciudad se permitan “proclamas e imaginarios de la dictadura fascista”. Para Compromís, la cuestión es clara: el Ayuntamiento y su Policía Local deben actuar con responsabilidad y garantizar el cumplimiento de la ley.

La Ley de Memoria es clara: Prohibición de venta y exhibición

La denuncia se sustenta legalmente en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Verònica Ruiz, diputada de Compromís en Les Corts Valencianes y exconcejala de Memoria Democrática, ha recordado que el artículo 35 de esta ley prohíbe expresamente la exhibición y venta de elementos que exalten la dictadura. Además, el Código Penal también contempla mecanismos sancionadores para este tipo de comportamientos.

Ruiz ha lamentado que estos hechos sean un síntoma del “blanqueamiento” del franquismo, que se intenta normalizar como si fuera “parte de nuestro folclore o de la libertad de expresión” .

El grupo Compromís ha dirigido duras críticas al actual gobierno municipal (formado por PP y Vox), al que acusa de “tratar de blanquear estos símbolos” e incluso de cuestionar que sean contrarios a la calidad democrática. Ruiz sostiene que permitir esta situación es contribuir a los discursos de odio y “dinamitar la democracia desde dentro”.

Ante la “inacción” percibida por parte de la alcaldesa Begoña Carrasco (PP) y el responsable de la Policía Local, Antonio Ortolá (Vox), Compromís ha anunciado que elevará el conflicto a una instancia superior. La formación se dirigirá a la Subdelegación del Gobierno para pedir que actúe y haga cumplir la legalidad, buscando que esta delegación “ponga un poco de dignidad en esta democracia” e imponga la ley.